El pleno aprueba destinar cinco millones de remanente de tesorería para evitar endeudarse en 2024

La corporación municipal aprobó en el pleno ordinario de julio por mayoría (con los votos a favor de PP y PSOE, abstención de Vox y en contra de Més Santa Pola) dos modificaciones de crédito en el presupuesto del 2024, que el concejal de Hacienda justificó para “aprovechar el remanente del 2023 que tiene este ayuntamiento de unos 15 millones de euros, por un lado para pagar obligaciones del último trimestre del año pasado ya que el cambio de nuestro aplicativo de la contabilidad hizo que pasaran gastos a este año, y para reforzar algunas partidas que se quedan cortas como bibliotecas, costes energéticos, cánon de saneamiento, colegios, ayuda a domicilio, subvenciones a escuelas de música, etc”.

José Pedro Martínez también explicó que “con este remanente se cubrirán cinco millones de euros en inversiones previstas en el presupuesto que, como les dije cuando los aprobamos, nos evita pedir un préstamo y así mantener un nivel de endeudamiento mínimo”. Entre otras destacó la última fase de la avenida de Salamanca, el plan de ordenación del territorio de la cantera y Vatasa, diversas actuaciones en centros escolares, nuevos aseos en las playas, cambio del césped del campo de fútbol El Monsa, plan de asfaltado, así como el inicio de la urbanización de la calle Zamora.

Se aprobó por unanimidad el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de incendios forestales en Santa Pola

Desierta la licitación del Hispanidad

Se declaró desierto el proceso de licitación para la construcción del colegio Hispanidad, al no haberse presentado ninguna empresa al concurso. La alcaldesa lamentó este contratiempo: “hemos pedido al arquitecto redactor del proyecto que lo revise y analice el motivo de que haya quedado desierto, tendremos que hacer una nueva licitación aunque no sabemos si con alguna modificación o ampliación”.

Se aprobó por unanimidad remitir al Tribunal Administrativo Central la respuesta de los técnicos municipales al recurso presentado por una empresa licitante contra la adjudicación del contrato de gestión integral del alumbrado público, semáforos y dispositivos de smart city, para que dictamine definitivamente.

Un nuevo retraso a una iniciativa municipal que, como Loreto Serrano recordó, “nos encontramos desde que empezamos en el 2022 con este proyecto sin poder adjudicar, es una verdadera pesadilla”.

Se aprobó por unanimidad firmar un convenio con la Policía Nacional para instalar en Santa Pola una máquina para que los ciudadanos puedan actualizar el código de su DNI sin tener que desplazarse a Alicante o Elche.

Por último, se modificó la fecha de celebración del pleno de agosto por las fiestas patronales, de modo que pasará del 29 al jueves 22 de agosto.

Mociones políticas

El Grupo Socialista presentó una moción en contra de la modificación por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio la cual, según explicó el edil Lorenzo Andreu, “es un recortazo de Mazón, que anula 16 actuaciones en infraestructuras para la provincia, 21 millones en inversiones, mientras Valencia aumenta en 11 proyectos, que para Santa Pola supone una pérdida de 5,3 millones para finalizar la carretera Santa Pola-Elche”.

La alcaldesa contestó que “la Generalitat no ha cerrado ninguna actuación conveniada con el Ministerio, que se firmó en 2022 y con actuaciones que no se podían realizar porque tendría que finalizar la licitación antes de diciembre de 2025, imposible en estos casos. Como hay otras que sí se pueden acabar, se ejecutan”.

Serrano añadió que “no renunciamos en absoluto a las inversiones para Alicante, porque somos la última provincia en inversión estatal. Nosotros seguimos pidiendo el desdoblamiento de la N-332 y los accesos a Santa Pola, además del carril de aceleración de Gran Alacant a Alicante”. La moción se desestimó con los 11 votos del PP en contra.

Apartamentos turísticos

Por otro lado, Més Santa Pola volvió a presentar su moción para la regulación de los apartamentos turísticos, entre otras cosas pidiendo una moratoria de los certificados de compatibilidad urbanística.

“Es uno de los mayores problemas de Santa Pola, hay más de 1.700 apartamentos publicados en portales, que generan problemas con las comunidades de vecinos, competencia con hoteles y no dejan riqueza en el pueblo”, declaró Esteve Ruiz. “Es un mantra lo de que Santa Pola vive del turismo, no es así, la mayor parte de la gente no vive del sector turístico, es una excusa para que unos pocos ganen mucho dinero. Estamos dispuestos a consensuar esta moción, pero que se actúe rápido”.

La edil socialista Loli Tomás, coincidió en apoyar la moción “porque se nos ha ido de las manos, no generan riqueza y frenan el acceso a la vivienda, debe haber una moratoria de permisos hasta que se regule”.

Mireia Moya, portavoz de Vox, se mostró en contra: “el mercado se debe de autorregular, es verdad que hay un problema de exceso de apartamentos turísticos pero hay muchos otros aspectos que frenan el mercado de alquiler de largo plazo por inseguridad jurídica”.

José Pedro Martínez recordó que “el equipo de gobierno ya ha iniciado actuaciones, censando apartamentos turísticos, avanzando en la modificación del PGOU y estamos tropezando en la ordenanza porque hay sentencias del Tribunal Supremo y debemos andar con pies de plomo. No tenemos problema en consensuar, pero cuando esté finalizado el estudio. La propia consellería está preparando una ordenanza autonómica y deberíamos esperar. Pediría que la retiren y cuando tengamos un documento de trabajo más claro podríamos consensuar”.

Se denegó la moción con votos a favor de Més Santa Pola y PSOE, y en contra de PP y Vox.

Por último, se leyó una declaración conjunta sobre violencia de género consensuada por PP, PSOE y Més Santa Pola, mientras que Vox no se adhirió “porque hace referencia al pacto y la ley contra la violencia de género que no funcionan”.